29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMUNICADO DE PRENSA

Hace tan solo una semana, el país y el mundo entero, fueron testigos de un hecho sin precedentes. El presidente Juan Manuel Santos, se dirigía a los medios para expresar que, un año después de que delegados del Gobierno y de dicha estructura guerrillera (Farc) recibieran en la Habana a 60 víctimas del conflicto armado quienes manifestaron sus anhelos de paz, se ha llegado a un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia incluyente y de gran beneficio para el país y para las víctimas.

En dicho anuncio el presidente señaló que fruto de los diálogos de paz, se llegó a un acuerdo para crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que garantiza que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no queden en la impunidad.

Por tal motivo, extiendo una felicitación especial al gobierno nacional, que a través de sus negociadores en Cuba, comienza a cosechar los mayores  resultados desde que iniciaron las conversaciones. El acuerdo sobre esta herramienta de justicia permitirá el juzgamiento y la imposición de sanciones por los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, por lo que se despejan las dudas para quienes con mucha desconfianza han afirmado que el proceso de paz es un proceso para legitimar la impunidad.

La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz será acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y como ya se mencionó, juzgar a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado.

Ahora bien, las sanciones que imponga el Tribunal, según el Comunicado conjunto # 60 entre el Gobierno y las Farc, tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Se destacan las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves que tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales, mientras que para las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

Las victimas tendrán además, derecho no sólo formal sino material a conocer la verdad de los hechos que los lesionaron, y naturalmente tendrán acceso a la reparación y a unas sólidas garantías de no repetición.

Igualmente, celebro que entre el Gobierno y las FARC se haya acordado un plazo máximo de 6 meses para concluir la negociación y firmarse el acuerdo final.

El país necesita cerrar el ciclo de la guerra, y dedicar esfuerzos mancomunados que permitan hacer de éste, un escenario de progreso, de desarrollo y de prosperidad.

Estos avances, nos ubican con mayor fulgor en el radar internacional, y nos hacen merecedores de reconocimientos de distintos organismos como Naciones Unidas y el Banco Mundial, así como de líderes de diferentes países. Todo ello, genera una gran confianza inversionista y por supuesto sirve como presagio de éxito en el postconflicto.

JIMMY CHAMORRO CRUZ
Senador de la Republica